Análisis y Reflexiones

El día que Gustavo Petro se posesionó como Presidente de la República, el alzamiento armado perdió su legitimidad y se inició la muerte lenta del movimiento guerrillero como fuerza de cambio, dando nacimiento a bandas criminales que hoy tienen como único propósito el enriquecimiento de sus dirigentes. Las guerrillas son el juguete preferido de las derechas.

El alzamiento armado está reconocido como un derecho universal de los pueblos contra regímenes dictatoriales. El derecho a la insurrección es un tema que se sitúa en la intersección entre la filosofía política, el derecho internacional y la lucha por los derechos humanos.

La justificación filosófica del derecho a la insurrección se remonta a pensadores como John Locke, quien en 1689¹ argumentó que, cuando un gobierno viola los derechos naturales el pueblo tiene el derecho -e incluso el deber- de rebelarse. Esta idea influyó en revoluciones como la estadounidense (1776) y la francesa (1789), donde se proclamó que la resistencia a la opresión era un derecho inalienable.

La guerra justa es una doctrina de origen teológico-político que intenta determinar cuándo es moralmente justificable recurrir a la guerra. En esencia, busca establecer los criterios para determinar si una guerra es legítima. Santo Tomás de Aquino, en su "Summa Theologica", establece tres condiciones para que una guerra sea considerada justa: una causa justa, una autoridad competente para declarar la guerra, y una recta intención en los contendientes. Con todo, en su encíclica Pacem in Terris, Juan XXIII cuestionó severamente el concepto de guerra justa.²

Rousseau sostiene que la soberanía reside en el pueblo y si el gobierno la traiciona, la rebelión es legítima.³ Thomas Jefferson proclamó que "cuando un gobierno se vuelve destructivo de estos fines (los derechos inalienables), es derecho del pueblo alterarlo o abolirlo".⁴

Hannah Arendt⁵ y Jürgen Habermas, analizaron la legitimidad de la resistencia frente a regímenes totalitarios, destacando que la soberanía popular no puede ser anulada por un gobierno que suprime las libertades fundamentales.

En el ámbito internacional se reconocen principios que sustentan el levantamiento. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un orden social e internacional en el que sus derechos sean plenamente realizados.⁶ El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho de los pueblos a la resistencia contra gobiernos que niegan este principio.⁷ La Convención Americana sobre Derechos Humanos protege el derecho a la participación política y su negación sistemática podría justificar medidas de resistencia.⁸

El alzamiento armado se encuentra regulado por la ley internacional. En mi tesis de grado, para optar al título de Magíster en Estudios Políticos,⁹ tuve la oportunidad de evaluar lo que Alfonso López Michelsen denominó “el empate de ignorancia”, consistente en que para ese entonces, el año 1992, las guerrillas reclamaban la vigencia de los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra, que instituyen el Derecho Internacional Humanitario (DIH), aplicables a los conflictos armados internos y a la Insurrección, al considerar que su vigencia sería el estatus de fuerza beligerante y un eventual reconocimiento por parte de otros estados. El empate consistía en que por las mismas razones, las Fuerzas Armadas se oponían al DIH.

En el equipo académico liderado por el maestro Enrique Gaviria Liévano redactamos una propuesta para poner en vigencia el DIH en Colombia, que fue presentada al candidato presidencial Ernesto Samper, lo que luego se convertiría en Ley de la República. Cuando se hizo ley, el DIH fue ignorado por ambas partes combatientes.

Así las cosas, es muy claro que alzarse en armas es un derecho reconocido y regulado, cuando se fundamenta en la resistencia contra regímenes que niegan las libertades. Cuando no podemos expresarnos y manifestarnos libremente, el levantamiento insurreccional está plenamente legitimado y los alzados en armas representan el ideal de la libertad. Las páginas de la historia guardan la memoria de héroes que ofrendaron su vida en el alzamiento armado por una causa justa.

En Colombia, comenzando la segunda mitad del siglo XX, grupos de campesinos se organizaron para reclamar sus derechos, en especial el derecho a la tierra. La mayoría eran liberales que se organizaron no siendo escuchados. Como respuesta recibieron el calificativo de Repúblicas Independientes y el bombardeo indiscriminado. Nadie hoy niega las causas económicas, sociales y políticas que originaron el justo alzamiento que dio origen al movimiento guerrillero. La democracia era una farsa del que escrutaba e imponía los votos. Las clases dominantes hegemonizaban el poder político y se lo repartían en un excluyente y clasista Frente Nacional que sustituyó la competencia democrática y la reemplazó con un incestuoso enturnamiento que dejaba por fuera cualquier participación de quienes no formaban parte de la hegemonía bipartidista. La denominada paridad distribuía las instituciones púbicas y el servicio civil en partes iguales entre los propietarios del estado.

Mis alumnos jóvenes, me escuchan con incredulidad cuando les cuento que las derechas se pusieron de acuerdo para secuestrar la democracia de manera que cada cuatro años organizaban una farsa electoral para elegir a un rojo, con el resultado asegurado y sabiendo que dentro de cuatro años se haría lo mismo con un candidato azul y así sucesivamente por varios periodos. ¿Y los demás? ¿Y los que no eran ni rojos, ni azules? Me preguntan siempre. Y la respuesta es desconcertante para todos. Los demás no existían. Normalmente me preguntan si estoy hablando en serio. Así era nuestro sistema político y en el descaro se autodenominaba como democracia. El alzamiento armado era legítimo e inevitable. Centenares de jóvenes universitarios, líderes sociales y sindicales, sacerdotes, monjas y campesinos animados por las figuras libertarias de Bolívar y el Che, no vacilaron en jugarse la vida por la causa de la revolución y la democracia.

Pero el país cambió. Se acabó la perversa alternación y a finales del siglo el movimiento social emergió con inmensa fuerza transformadora. Luego de infinitas reflexiones y llenos de valor, varios grupos de alzados en armas, decidieron jugarse la vida, esta vez desarmados, para retar abiertamente a la clase política tradicional. El M-19, inspirado en el discurso de un flaco caribeño que hablaba del sancocho nacional y que logró unir liberales, conservadores, anapistas y demócratas, rompió el mito y acudió en la búsqueda del voto, logrando un maravilloso resultado que permitió en 1991 una nueva Constitución Política con otras reglas del juego, una democracia más competitiva. La vida, como criterio de verdad, se pronunció en favor de los alzados, al haber cambiado el poder efímero de las armas, por el poder infinito del voto. Bateman tenía razón.

En el entretanto, las otras guerrillas siguieron con el mismo discurso de los años 60’s, pero ahora estimuladas por fuentes de financiamiento con ingresos abundantes y criminales, como la extorsión a civiles, el narcotráfico y la minería. El conflicto armado se volvió perpetuo y cruel, y nacieron los profesionales de la guerra.

Atentados terroristas, paros armados, crímenes de guerra, plan pistola, secuestros, minería ilegal y narcotráfico, hoy resumen la agenda de quienes hace sesenta años se alzaron en armas por no disponer de canales de expresión libre y espacios políticos para su apostolado revolucionario.

Todo indica que la dirigencia guerrillera, muy lejos del legado del sacerdote Camilo Torres y de Ciro Trujillo, hoy se refugia en el poder de fuego de su armamento y temen al poder popular de los electores. Han virado sus miras y hoy no apuntan a la toma del poder político con sus armas, sino que tienen en su diana a la población civil, en especial a esos líderes sociales que en el territorio, protegidos solamente con el chaleco antibalas de su inocencia y sus sanas convicciones, heroicamente retan la influencia de los bandoleros. Las armas de las guerrillas hoy ya no están al servicio de ideales políticos, sino en la nómina de sus asociados carteles de la droga.

Pareciera que la dirigencia guerrillera realmente está encartada con la situación generada por la persecución militar y la pérdida de vigencia de su discurso. Y habiendo ya renunciado a la toma del poder, ahora se encuentra en una sin salida. El ELN ya anunció que no va a negociar con el actual gobierno, pero lo que oculta es que con el siguiente gobierno tampoco va a negociar y creo que nunca ha tenido en sus planes hacerlo. Desmontar esa maquinaria de violencia y dinero requiere de un valor y de unos criterios políticos que hoy no tiene esa organización, que en tiempos lejanos subyugó a importantes sectores de la Iglesia Católica, que ahora observa con horror el monstruo descontrolado que ayudó a crear y que no puede desmontar. Pretenden morirse de viejos en el monte, condenando al país y a centenares de jóvenes a permanecer atrapados en ese torbellino de violencia y muerte sin fin.

Cuando gobiernan, las izquierdas y el progresismo deben entender que la seguridad y el denominado orden público, son temas definitivos en su agenda cotidiana. Lograr el monopolio en el uso de las armas y ejercer la fuerza legítima son objetivos irrenunciables para permitir la convivencia y la paz como razones de Estado.

Las guerrillas como fuerza política de sueños revolucionarios han muerto. Su lugar hoy lo ocupan unos bandoleros que se abrogan una vocería popular que nadie les ha dado. Ni negocian, ni se toman el poder. Hay únicamente una alternativa vigente, o negocian o serán sometidos.

La democracia colombiana ha superado la prueba y permite que un guerrillero pactando la paz pueda convocar el apoyo ciudadano y ser elegido Presidente. El alzamiento armado, hoy sin opción de triunfo, puede transformarse en alzamiento en votos y ser opción real de poder triunfante. La alternativa es cristalina, una última oportunidad: o derrota armada o triunfo democrático. Nada está perdido cuando ya todo se perdió, así lo muestran las experiencias victoriosas de alzados cuando optan por la política, en Suráfrica, Irlanda, y Centroamérica.

Propongo que en marzo de 2026, además del voto por Senado y Cámaras, los electores depositen una tercera papeleta votando por la condena a los grupos armados. Millones de votos que claramente exclamarán que ningún grupo armado nos representa.